Yamy Nal exige declaración jurada a periodistas tras polémica sobre su hijo.
La senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, solicitó que los periodistas presenten una declaración jurada de bienes, luego de que se difundieran informaciones que vinculan a su hijo, Giovanni Paolo Divitto Aquino, con presuntos privilegios laborales dentro del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según las publicaciones que generaron la controversia, Divitto Aquino recibe un salario aproximado de G. 9 millones, a pesar de que este sería su primer empleo tras finalizar la educación secundaria. Además, se le acusa de tener horarios laborales flexibles, ausentarse con frecuencia e incluso disponer de tiempo dentro de su jornada laboral para acudir al gimnasio.
Ante estas revelaciones, la legisladora arremetió contra los medios de comunicación, exigiendo que los profesionales del periodismo también transparenten sus ingresos y bienes, argumentando que su actividad influye en la opinión pública y, por lo tanto, debería estar sujeta a los mismos criterios de control que los funcionarios estatales.
La Ley de Acceso a la Información Pública y el derecho ciudadano a la transparencia
Las denuncias sobre presuntos privilegios dentro del INE reavivan el debate sobre la Ley N.° 5.282/2014 de Acceso a la Información Pública, que garantiza a los ciudadanos el derecho de conocer el uso de los recursos estatales y la gestión de los funcionarios públicos.
Dicha normativa establece que toda información relacionada con el manejo de fondos públicos debe ser de acceso libre, salvo excepciones expresamente establecidas. En este contexto, los datos sobre el salario y condiciones laborales de un servidor público son considerados información pública, ya que son financiados con dinero del Estado.
La exigencia de Yamy Nal hacia los periodistas, sin embargo, no tiene sustento legal, ya que los profesionales de los medios de comunicación no son funcionarios públicos y sus ingresos no provienen del erario. Especialistas en derecho y organizaciones de prensa han calificado la propuesta de la senadora como un intento de desviar la atención sobre las denuncias y una posible amenaza a la libertad de prensa.
El caso sigue generando reacciones en diversos sectores, mientras se espera que el Instituto Nacional de Estadística brinde aclaraciones sobre la contratación y condiciones laborales del hijo de la legisladora.
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