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Aparatoso y violento desalojo de comunidad indígena en Itakyry

ITAKYRY. Familias de la parcialidad Avá Guaraní, de la comunidad Ka’a Poty 1 de este distrito, sufrieron otro violento desalojo de la propiedad que ocupaban. Ocurrió el martes último y sobre el caso ni siquiera existe informe policial, lo cual evidencia, una vez más, que en la zona de Itakyry los derechos de los pueblos originarios son pisoteados en forma constante. Este hecho se suma a otros tantos atropellos que soportan los indígenas, al ser sacados de manera violenta de las tierras reivindicadas principalmente por terratenientes extranjeros.

De acuerdo con los datos, el pasado martes 15 de junio, en horas de la mañana, decenas de familias indígenas de la comunidad Ka’a Poty 1 (Avá Guaraní) de la zona de Itakyry fueron desalojados violetamente por una gran dotación policial. Los uniformados actuaron con mucha brutalidad y prepotencia, y por orden de terratenientes brasileños se encargaron de destruir totalmente el templo de los nativos, una escuela indígena reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencias, y las chozas en las que vivían los ahora desalojados.

De esta manera, unos 40 nativos, entre ellos niños y ancianos, fueron expulsados de sus tierras por orden de terratenientes brasileños y paraguayos. Los desprotegidos indígenas ahora se encuentran guarecidos provisionalmente bajo precarias carpas, con frío, sin abrigos y sin alimentos, según denuncia del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una institución filantrópica autónoma fundada para defender los derechos de los indígenas y la valoración del idioma guaraní.

Responsables del Ateneo indicaron que piden a las autoridades nacionales la atención del caso, la reposición de la comunidad en sus tierras que ocupaba hace muchos años, el resarcimiento por daños y perjuicios y el procesamiento de los terratenientes responsables de este nuevo atropello. Cabe indicar que en la zona de Itakyry son muy frecuentes los desalojos de los indígenas y campesinos, ya que allí “gobiernan” los sojeros extranjeros, quienes inclusive pagan a autoridades judiciales y policiales, que actúan como “empleados” de los productores, en detrimento de los intereses de los nativos.



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