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Pide prisión para nueve miembros de la banda de extorsionadores

La fiscal de la unidad especializada antisecuestro del área penal nº 10, Zunilda Ocampos, alrededor de la medianoche del martes, presentó vía electrónica su extenso escrito de imputación contra nueve detenidos durante sucesivos allanamientos en la penitenciaría regional, viviendas y comercios de Ciudad del Este y de Hernandarias. La resolución afecta a Ángel Gabriel Colmán, Edgar Ferreira Vera, Marcio Quadra Caetano, Jonás De Amaral Bentos, Freddy Antonio González y Adolfo Paredes, todos mayores de edad, y con pedido de prisión preventiva, además de Liza Graciela Gutiérrez Alarcón. Para las procesadas Gloria Estela Cantero Domínguez y Emilce Alarcón de Gutiérrez, la representación pública requirió al órgano jurisdiccional el arresto domiciliario.

Todos los sindicados están sospechados de la autoría en hechos tipificados como coacción grave, extorsión agravada y asociación criminal, conforme la presentación arrimada ante el órgano jurisdiccional. La causa se abrió tras una denuncia formulada por un productor sojero domiciliado en el distrito de San Alberto, al norte del Alto Paraná, que indicaba frecuentes comunicaciones telefónicas de parte de desconocidos que hablaban portugués y amenazaban con secuestrar y matar a miembros de su familia, si no accedía al pago de 10.000 dólares, depositados en parte a varios números que los llamadores indicaban y luego el monto subió a 100 mil de la moneda americana. En total fueron utilizados 13 números telefónicos para recibir los giros Tigo que depositaba la víctima, quien finalmente se animó y resolvió denunciar el hecho para su investigación.

En las primeras diligencias, la fiscal Zunilda Ocampos solicitó la intervención de personal policial especializado antisecuestro, remitió oficios a tres telefonías móviles a los efectos de obtener la identidad de los usuarios de los números utilizados por la banda criminal, la utilización de billeteras, lugar de depósito de dinero realizado por la víctima y lugar donde se efectivizaron los giros.
Así se determinó, la responsabilidad primaria de cada uno de los imputados, sin descartar la posibilidad de que haya más personas involucradas en los hechos investigados.
Surge preliminarmente que el líder de la banda sería el recluso Edgar Ferreira Vera, a cuyo nombre guardaba Emilce Alarcón de Gutiérrez, la suma de 18.700.000 guaraníes, quien entregaba los montos acorde a la decisión del primero, según los apuntes incautados del poder de una de las integrantes.

La banda criminal estaba conformada por guardiacárceles, quienes se ocupaban de proveer la logística para que los reclusos que realizaban las llamadas cuenten con la tecnología requerida. Ferreira Vera, como cabeza visible de la asociación criminal, se encargaba de conseguir los servicios de boca de cobranzas para el depósito y extracción de valores, producto de las extorsiones.
La investigación considera la posibilidad de sumar presuntos implicados en la causa, una vez que los detenidos resuelvan declarar en indagatoria y colaboren en el caso denominado “Jetypeka III”.
La jueza penal Nimia Avalos, del distrito de San Alberto, garantizará el proceso penal hasta el fin de la etapa preparatoria, según confirmó ayer la fiscal Ocampos, al tiempo de anunciar una serie de diligencias como anticipo jurisdiccional de pruebas.



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