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Detienen a tres personas ligadas a una red internacional de trata de personas

Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la fiscal delegada de la unidad especializada de lucha contra la trata de personas, Karina Sánchez, realizó varios allanamientos en el Alto Paraná en el marco del operativo internacional denominado “APIA”, que logró rescatar hoy a cinco paraguayas que eran obligadas a prostituirse en la ciudad de Cataluña, España.

Primeramente, intervinieron una lujosa vivienda, ubicada en el condominio privado Paraná Country Club, donde fue detenido un hombre. Luego, la comitiva se trasladó hasta una agencia de viajes denominada «Disan Travel», situada en el edificio Saba del microcentro de Ciudad del Este. En este lugar fueron aprehendidas dos mujeres.

Los detenidos estarían implicados en una red internacional de trata de personas que reclutaba a paraguayas y bajo engaños las enviaban a España, supuestamente para trabajar cuidando a ancianos, pero en el país europeo eran obligadas a prostituirse.
Se trata de una pareja conformada por Darío Eugenio Díaz Ocampos y Bárbara Noemí Santoro de Díaz, quienes en el 2013 ya fueron detenidos por un hecho similar. Incluso, estuvieron presos por dos años. Una tercera persona implicada, de nombre Helga Marisa Díaz Ocampos, también fue apresada.

Los intervinientes incautaron además, varias documentaciones y equipos informáticos que serán de vital importancia para la investigación fiscal.

Las cinco paraguayas fueron llevadas bajo engaño a España para trabajar cuidando a personas mayores en el país europeo, pero eran obligadas a prostituirse e incluso vender drogas, según las investigaciones. La Policía española logró liberarlas y detuvo a otra compatriota, quien aparece como supuesta líder de una red de trata de personas.

La red de trata de personas contaba con la colaboración de una agencia de viajes de Paraguay, en el que se trasladaba a las mujeres en avión hasta Barcelona, con escala previa en Francia. La misma agencia era la encargada de proporcionar a las mujeres las instrucciones y 2.000 euros para hacer las gestiones de frontera y de entrada al territorio europeo.

Los propios miembros de la organización criminal las recogían y se encargan de trasladarlas hasta Amposta, donde finalmente descubrían que eran víctimas de un engaño y que no había ninguna oferta de trabajo. Estando en esa situación, los captores les comunicaba de la existencia de una deuda por el costo de los pasajes y el dinero entregado previamente que debían pagarlo a través de la prostitución en burdeles que controlaban el sur de Cataluña.



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