Buscan criminalizar robo de energía eléctrica
El Poder Ejecutivo presentará este viernes al Congreso Nacional, dos modificaciones de leyes que se constituirán en herramientas “muy importantes”, para el fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo.
Se trata de dos proyectos de leyes trascendentales para el sector eléctrico y que será remitidos en las próximas horas al Congreso, con “carácter de urgencia”, anunció la vocera del Gobierno, Paula Carro, en conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.
El primero de ellos es el proyecto de ley que modifica el artículo 173 del Código Penal, que habla de la sustracción de energía eléctrica.
En ese contexto, el Gobierno plantea la incautación y comiso de los bienes asociados a dicho hecho punible.
Con ello, se busca proteger la eficiencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y sus activos, de una “verdadera amenaza”, que es la sustracción en grandes cantidades de energía por parte de establecimientos ilegales de criptominerías.
De esta forma, se busca modificar el Código Penal estableciendo una pena privativa de libertad de hasta diez años de cárcel con multa complementaria, para quienes sustraen energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje de media tensión o niveles superiores, explicó Carro.
Igualmente, la ANDE podrá solicitar la administración o uso provisional de los bienes incautados y será asimismo, beneficiaria de lo recaudado con el comiso como medida para fortalecer la institución.
Modificación a la Ley de Energías Renovables
El segundo proyecto de ley a ser planteado apunta a la modificación de varios artículos relacionados al fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales y no hidráulicas.
Es una normativa que había sido reglamentada en febrero de este año por el Ejecutivo, no obstante, el Ejecutivo consideró necesario introducirle un pequeño cambio, de ampliar hasta 30 años el contrato con la ANDE, en la actualidad es de hasta 15 años.
Según lo expuesto por la vocera presidencial, el objetivo es garantizar un mayor interés de los inversionistas que operan en el sector eléctrico y en ese contexto, focalizar la atención en una mayor diversificación de las fuentes energéticas.
Iniciativas muy importantes promovidas por el Ejecutivo
A su turno, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, celebró la iniciativa del Ejecutivo. Informó que la institución en un proceso de diversificación de su matriz de generación, atendiendo a que el consumo de energía eléctrica en Paraguay en los últimos dos años llegó al 12 por ciento y la tendencia es que en el 2030, todas las potencias disponibles en las binacionales ya se estarían utilizando en un 100 por ciento.
Ante lo expuesto, Sosa consideró imprescindible y sobre todo, urgente iniciar con el proceso de diversificación de su matriz de generación.
Respecto a la modificación de un artículo de la Ley N° 6977/2023, dijo que la idea es pasar de 15 hasta 30 años de licencia con la ANDE, que según explicó, viene de la mano con el acuerdo recientemente concretado en la Itaipu Binacional, considerando la posibilidad de comercializar su mercado directamente el mercado electro-brasileño, se convierte en una oportunidad para las nuevas fuentes de generación.
“Esa una oportunidad para que los inversionistas que llegan al Paraguay puedan generar energía no solamente para el consumo interno sino también a los efectos de la exportación. La modificación de la ley será fundamental para el desarrollo energético del país, detalló.
Criminalizar el robo de energía eléctrica
Sobre el punto, mencionó que en lo que va del año se han realizado unas 17 intervenciones de gran magnitud, que representa más de 50 megavatios de potencia desconectada, eso implica que se tienen muchas conexiones directas.
“Necesitamos que haya una herramienta legal que pueda castigar a los responsables del robo de energía eléctrica, que perjudica a la ANDE en su finanzas y a los clientes, en calidad de servicio”, exteriorizó.
De acuerdo a los datos de la ANDE, son entre 50 a 60 millones de dólares la pérdida anual de la institución en concepto de robo de energía, afectando directamente en la confiabilidad del sistema.
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