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Imputan a 11 presuntos docentes por presentar títulos falsificados en concursos del MEC

El Ministerio Público ha imputado a 11 presuntos docentes que habrían utilizado títulos falsificados para obtener ascensos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). La imputación fue realizada por la fiscal Teresa Sosa ante el juez Yoan Paul López, quien deberá determinar si acepta o no la solicitud de imputación.

Los investigados habrían logrado matricularse como docentes con documentos aparentemente adulterados, a pesar de no contar con las certificaciones legítimas. Esto les permitió desempeñarse en diversas instituciones educativas. La irregularidad fue detectada cuando los implicados intentaron participar en un concurso de ascenso organizado por el MEC, lo que llevó a las autoridades a realizar una verificación detallada de sus credenciales.

Este caso no es un hecho aislado, ya que, según fuentes del Ministerio Público, en años anteriores ya se habían abierto investigaciones por fraudes similares, en los que individuos presentaban documentos falsos para obtener cargos públicos en el sector educativo.

Este tipo de fraude afecta gravemente la calidad educativa, pues pone en riesgo la formación de los estudiantes al permitir que personas no capacitadas ocupen cargos docentes. Además, distorsiona la equidad de los concursos, perjudicando a aquellos maestros que cumplen con todos los requisitos y han obtenido sus títulos de forma legítima.

La investigación también se centra en desmantelar la posible red de falsificación de documentos y en identificar a los cómplices dentro de las instituciones educativas o en el propio Ministerio de Educación. De acuerdo con el Código Penal Paraguayo, quienes utilicen documentos falsificados para obtener beneficios laborales podrían enfrentar penas de prisión y sanciones administrativas.

Las autoridades instan a los educadores a denunciar cualquier irregularidad en los procesos de selección y ascenso, con el fin de evitar que personas no capacitadas accedan a puestos clave dentro del sistema educativo.

El juez Yoan Paul López deberá decidir si admite la imputación presentada por la Fiscalía y si toma medidas cautelares contra los acusados. En caso de ser hallados culpables, los implicados podrían enfrentar inhabilitación para ocupar cargos públicos, multas y hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la falsificación y el perjuicio ocasionado.

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