Cámara de Diputados de Paraguay aprueba acusación contra jueces por mal desempeño
La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó un proyecto de resolución que faculta a la presidencia de la Cámara a presentar una acusación formal por mal desempeño de funciones contra los jueces Raúl Insaurralde, Marta Acosta y Efrén Giménez. Esta decisión se toma luego de que dichos jueces revocaran la orden de captura contra el abogado Walter Acosta, quien está acusado de agredir a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
Walter Acosta, abogado de profesión, fue señalado de agredir físicamente a la funcionaria del INTN en un incidente ocurrido recientemente. A pesar de la gravedad de las acusaciones, los jueces Insaurralde, Acosta y Giménez tomaron la decisión de anular la orden de captura emitida en su contra, lo que generó un amplio rechazo en la Cámara de Diputados.
Rocío Abed, diputada del Partido Colorado y una de las principales impulsoras de la resolución, expresó su indignación ante la decisión judicial, considerando que los jueces habían actuado de manera irresponsable e injusta. Abed subrayó la importancia de contar con jueces que actúen con firmeza y que velan por los intereses de la justicia y el bienestar de la sociedad. En su intervención, la diputada enfatizó que este tipo de decisiones judiciales afectan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
El proyecto de resolución también instruye a los representantes de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a que actúen de oficio para investigar las actuaciones de los jueces Insaurralde, Acosta y Giménez. Este llamado a la acción resalta el papel de la Cámara de Diputados como un actor vigilante del poder judicial, con la capacidad de intervenir cuando se perciben posibles irregularidades o fallos que no estén alineados con los principios de justicia y equidad.
Las diputadas Cristina Villalba, Fabiana Souto de Alliana, Del Pilar Vázquez y Dalia Estigarribia también fueron firmantes de la resolución. La iniciativa busca que los jueces sean sometidos a un escrutinio más riguroso para determinar si incurrieron en mal desempeño de funciones, lo que podría llevar a su destitución si se comprueban las irregularidades.
Este caso ha generado un fuerte debate en el ámbito político y judicial del país, con algunos sectores defendiendo la autonomía de los jueces y otros criticando la decisión de revocar la orden de captura como una muestra de falta de compromiso con la justicia.
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